En los allanamientos que se realizaron durante gran parte de la jornada no se encontraron drogas, pero los investigadores de la Policía Federal recolectaron pruebas suficientes para complicar la situación procesal de una organización de tucumanos que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a nivel nacional. Por este hecho, quedaron detenidos dos hombres. Uno de ellos trabajaba para el legislador oficialista Ramón Santiago “Cacho” Cano.

Los pesquisas realizaron un total de seis allanamientos. Entre otros elementos, secuestraron documentación que le serviría a la Justicia para probar que los sospechosos se encargaban de traer cocaína de Bolivia y marihuana de Paraguay. Una vez que llegaba a estas tierras, los integrantes la estiraban, la procesaban y la vendían a compradores de esta provincia, Santiago del Estero, Córdoba y, posiblemente, Mendoza.

“El teléfono es la muerte”, era una de las frases de cabecera de Pablo Escobar Gaviria, el colombiano que hizo del narcotráfico una industria internacional a gran escala. El grueso de la investigación se basó en las escuchas que realizó personal de la Agencia Antidrogas de la Policía Federal de Córdoba desde hace ya más de un año.

Los federales se quedaron sorprendidos por la cantidad de droga que movilizaban. Por ejemplo, en diciembre pasado, según consta en el expediente judicial, lograron establecer que habían traído unos 1.000 kilos de marihuana de Paraguay en un camión. Aunque no supieron precisar la cantidad, sí establecieron que los cargamentos con cocaína también eran importantes.

El primer golpe

La organización sufrió un golpe el miércoles pasado. Personal de Gendarmería Nacional detectó a dos de los líderes de la organización trasladando más de 100 kilos de marihuana. Por este hecho juez federal Guillermo Molinari ordenó la detención de los hermanos Walter y Ricardo García.

Ese procedimiento aceleró los planes de los investigadores cordobeses. Sin que Molinari lo supiera, ellos estaban tras los pasos de los “narcos”. Se demoraron con el operativo porque en los últimos tiempos se habría producido una división entre los cabecillas de la banda. Los investigadores buscaban conocer a los destinatarios de esa carga para atraparlos.

El juez Federal Fernando Poviña autorizó que se allanaran seis lugares. En esa lista aparecían tres domicilios de los posibles cabecillas de la organización. En uno de ellos detuvieron a Julio César Trayan -empleado de Cano- y a su mujer, a la que se la dejó libre por el momento.

En otro, siempre según fuentes judiciales, buscaron a José García, hermano de los hombres detenidos en Chaco. No lo encontraron, pero descubrieron 50 gramos de cocaína y una prensa para compactar los bloques de esa sustancia.

Los familiares del sospechoso le informaron que el buscado había viajado a Santiago, por lo que pensaron que podría haber viajado llevando un cargamento. Dieron aviso a sus pares de la vecina provincia para que lo buscaran y lo terminaron deteniendo horas después en Termas de Río Hondo cuando viajaba la capital de esa provincia. No le encontraron drogas, por lo que sospechan que podría haber viajado para reunirse con sus parientes.

También allanaron el domicilio de los García que están detenidos. En ese lugar, de acuerdo a fuentes judiciales, descubrieron documentación que servirían para probar cómo lavaban dinero que provenía del negocio que habían montado.

Los investigadores, que contaron con el apoyo de los hombres de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal, también visitaron tres comercios. Uno fue un lubricentro, donde los sospechosos habrían comprado tachos de aceite y grasa para ocultar los embarques de droga. Allí no se produjeron detenciones, puesto que hace poco tiempo habrían cambiado los dueños del comercio.

Los federales también se presentaron en un negocio que se dedica a la venta de insumos agrícolas. Llegaron hasta ese lugar porque habían recibido la información que los detenidos adquirían allí los precursores químicos para estirar la droga. Incautaron acetona y ácido sulfúrico que se utiliza cuando se “cocina” pasta base. No fueron detenidos, pero los responsables del local deberán justificar el origen y el destino de esos productos ante la Justicia.

El último negocio allanado fue una distribuidora de gaseosas en el barrio Juan XIII (“La Bombilla”) que pertenece al Clan Reyna, sospechado de dedicarse al negocio del narcomenudeo. Fuentes judiciales confirmaron que no encontraron pruebas de peso, pero su situación sigue siendo comprometida porque aparecen en las escuchas telefónicas (Ver nota aparte).

El resultado de los procedimientos tiene un peso histórico. Nunca antes se había detectado una organización de estas características en la provincia, ya que contaba con los medios económicos y logísticos para adquirir las drogas en el exterior, transportarla por varias provincias, estirarla en Tucumán y luego distribuirlas en otras.

Hasta el momento, sólo se habían realizado especulaciones y sospechas de que la provincia se había transformado en un centro de acopio, procesamiento y distribución de drogas, como lo había denunciado a LA GACETA el fiscal federal santiagueño Pedro Simón en mayo. Ahora el panorama es otro y podría ser más grave porque la investigación continuará.

ANÁLISIS
Lunes negro
Gustavo Rodríguez | LA GACETA

La capacidad de asombro de los tucumanos se desvanece cuando, día a día, quedan boquiabiertos al descubrir cómo creció el narcotráfico en los últimos tiempos. En lo que puede ser considerado como un lunes negro, ayer estallaron dos bombas más en esta historia que pareciera no tener fin. Ya no quedan dudas de que en la provincia existen bandas organizadas con recursos y logística suficientes darle envergadura nacional a este negocio. Lo peor fue que ayer se confirmó una suerte de mito popular: desnudó un vínculo político con los “narcos”.

No importan las explicaciones que dio el legislador Ramón “Cacho” Cano. Él le dio cobijo a Julio César Trayan, acusado de ser integrante de una banda “narco”, para que hiciera política en su nombre. En un país serio, ese dirigente estaría sacando sus pertenencias de su oficina. O al menos sus pares deberían haberle exigido que presentara su renuncia. Con la sospecha ya se mancha nada menos a que la Legislatura.

En el operativo que desarrollaron los hombres de la Policía Federal quedó al descubierto que Tucumán se transformó en terreno fértil para que se desarrolle el negocio de la muerte. Ya no sólo hay facilidad para ingresar las sustancias desde el exterior y después enviarla a otras provincias por casi los mismos caminos, sino que además, según se desprende de esta investigación, hasta se pueden conseguir precursores químicos para procesarla.

Mientras el panorama se oscurece más, los dirigentes aún no se pusieron de acuerdo sobre la conveniencia de dictar la ley de emergencia para la lucha contra el narcotráfico, como lo sugirió el juez federal Fernando Poviña. Al menos se abrió el debate en el ámbito de la Legislatura. Pero con las palabras no alcanza. La sociedad exige y necesita acciones concretas para dejar de sorprenderse.